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Vox, único partido que vota en contra

El Congreso aprueba definitivamente la Ley de Telecomunicaciones con nuevas obligaciones y objetivos

El Congreso aprueba definitivamente la Ley de Telecomunicaciones con nuevas obligaciones y objetivos

Por Alfonso de Castañeda
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alfondcctelycom4com/8/8/17
jueves 09 de junio de 2022, 19:44h

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El Congreso de los Diputados ha aprobado en su jornada de hoy la nueva Ley General de Telecomunicaciones con el voto favorable de todos los partidos políticos, excepto del Grupo Parlamentario de Vox.

La nueva regulación traspone la normativa europea de 2018 con dos años de retraso y que ha provocado que la Comisión Europea lleve a España al TJUE por los retrasos en la trasposición, sin embargo, el proceso ya ha llegado a su final después de la aprobación en Consejo de Ministros, el visto bueno en el Congreso y posteriormente en el Senado y la ratificación final del Congreso.

La nueva normativa establece el nuevo reglamento que rige los servicios de telecomunicaciones en nuestro país, marcando una serie de obligaciones y derechos para los usuarios y, especialmente, para las empresas del sector. En este sentido, una de las grandes novedades es precisamente las empresas afectadas por la norma que hasta ahora eran aquellas compañías que prestaban servicios de telefonía fija y/o móvil y banda ancha, mayoritariamente, y ahora se suman las empresas que prestan servicios de comunicaciones digitales.

También se actualiza el Servicio Universal, poniendo fin a las cabinas y a las guías telefónicas y se incorporan novedades para las comunicaciones de emergencias con nuevos métodos como el sistema de alertas a la población en caso de catástrofe y el acceso a la geolocalización de la persona que llama al teléfono de emergencias para acelerar el auxilio.

Por otro lado, se fijan derechos para los usuarios armonizando la transparencia de contratos, la duración (máximo 24 meses), en portabilidades (pudiendo conservar el saldo de un móvil prepago al cambiar de operador) y regulando los paquetes de servicios.

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Conexión mínima de 100Mb para 2023

Como gran novedad de la norma frente al texto aprobado por el Gobierno en noviembre de 2021, se incorpora, a raíz de una enmienda aprobada en el Senado, la obligación de que estén disponibles conexiones de 100Mbps en sentido descendente en todo el territorio para la prestación del Servicio Universal, que será obligatorio en junio de 2023, en vez de serlo a finales de 2025.

Asimismo, se incorpora la reforma del servicio universal que incluirá la conexión a internet que tendrá que ser prestado por todos los operadores. También se suman más derechos para los usuarios, especialmente en materia de accesibilidad.

Otra de las modificaciones forzadas por el Senado es la incorporación de una norma que obliga a los operadores a prestar atención al cliente en todas las lenguas oficiales del estado.

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La Administración Pública como operador de telecomunicaciones

Una de las novedades más sonadas en el sector es la posibilidad de que las administraciones públicas puedan prestar directamente servicios de telecomunicaciones, así como instalar, desplegar y explotar redes sin necesidad de hacerlo a través de una sociedad, como se venía haciendo. Además, las administraciones podrán exigir compensaciones a los operadores por el uso de las infraestructuras de su titularidad y se impide que las comunidades de propietarios puedan rechazar la instalación de redes en su propiedad si no existe una alternativa viable.

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La patronal de las telecos en nuestro país ha valorado positivamente la norma asegurando que será “fundamental para la consolidación de España como un país puntero en conectividad de alta y muy alta capacidad” así como para el fomento de “una recuperación económica apoyada en la digitalización” y celebran que “traiga mejoras en lo respectivo al impulso de la inversión en redes, profundiza en la eliminación de las barreras a los despliegues y la dotación de una mayor seguridad jurídica al sector, en un contexto de fuerte convergencia y proliferación de nuevos servicios digitales”.

Pese a ello, DigitalES ha destacado que “los operadores siguen siendo pioneros a la hora de soportar unas obligaciones diferenciales que ni existen en otros sectores ni aplican a otros prestadores de servicios digitales”, por lo que ha pedido aumentar los plazos para adaptar los contratos de los consumidores.

La patronal también plantea reforzar las acciones de difusión con las administraciones locales y autonómicas, así como los colegios profesionales y otros agentes que puedan contribuir a que la Ley se implemente “de forma ágil y homogénea”.

Paralelamente, UGT ha criticado que la norma se queda “corta” en lo relativo a la regulación laboral, recordando que el sector ha perdido prácticamente la mitad de su fuerza laboral desde su liberalización.

Desde la patronal laboral se critica que no se incentive la creación de nuevos puestos de trabajo. "Se trata, de nuevo, de un error que exige de una rectificación y que UGT buscará enmendar a través de pactos sectoriales de empleo y acordando convenios que lo blinden", aseguran.

Foto: Depositphotos

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