Regulación

La aprobación de la nueva Ley General de Telecomunicaciones que se aprobó el pasado mes de junio todavía tiene mucho recorrido legislativo por delante, con la aprobación de más de 90 reales decretos pendientes.

Sin dar todavía muchos detalles al respecto, los de Cupertino han confirmado que cumplirán la ley en Europa y adoptarán el cargador USB tipo C en el continente europeo para sus iPhone.

Hecha la ley, hecha la trampa. Los conductores de Bolt en Cataluña han respondido a la nueva legislación sobre el mercado de los VTC incorporando “medidas extraordinarias” para poder cumplirla, colocando extensiones homologadas en sus coches para cumplir con la norma.

El comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, ha confirmado que en 2023 la Comisión Europea lanzará una consulta sobre si los gigantes tecnológicos deben asumir una parte de los costes de la red de telecomunicaciones europea.

Con el objetivo claro de poder llegar a un punto común con los operadores y con los gigantes tecnológicos sobre la financiación de las infraestructuras de telecomunicaciones, Bruselas ha solicitado a las empresas de telecomunicaciones que aporten pruebas de por qué los servicios de streaming (Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube…) deben pagar por el transporte de su tráfico a través de las redes.

Las implicaciones legales de pagar o no pagar las demandas de ransomware se ciernen como un espectro sobre las empresas a medida que los ataques se vuelven más frecuentes y sofisticados. El ransomware sigue siendo la principal amenaza para las pymes y las empresas de los sectores de la salud, el comercio minorista, la fabricación y otros sectores vitales, según el Informe sobre Ciberamenazas 2022 de Acronis.

Las dos principales asociaciones del sector de los VTC, Unauto-VTC y Feneval, han remitido una carta a la Comisión Europea en la que soliciten que se abra un expediente a España por considerar que tanto el Gobierno central como los autonómicos están incumpliendo el principio de libertad de establecimiento de su actividad.

El Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros el nuevo anteproyecto de Ley de creación de la Oficina de Derechos de Autor y Conexos, con el que busca reforzar la actividad administrativa que corresponde al Estado en materia de propiedad intelectual.

La primera jornada de DigitalES Summit 2022 se ha convertido en el escenario elegido por el CEO de Orange España, Jean-François Fallacher, para reclamar a las autoridades la importancia de modificar la legislación para que las grandes tecnológicas participen en los costes de despliegue de las redes que permiten sus servicios.

La segunda ciudad más importante de España ha aprobado su nueva regulación para los servicios de VTC, sin embargo, la norma no trae buenas noticias para las compañías que se encuentran con una serie de imposiciones que bloquea el uso de gran parte de los vehículos que actualmente están en circulación.

La Comisión Europea confía en presentar una nueva regulación de infraestructuras de conectividad en otoño, una ley que ayude a acelerar el despliegue de la 5G en la Unión Europea y que sirva como apoyo para lograr los objetivos de conectividad de banda ancha en el bloque.

El Gobierno de España ha presentado en Bruselas el sandbox español de inteligencia artificial (IA) que se empleará como una primera gran prueba para la entrada en vigor de la futura normativa comunitaria que está prevista para enero de 2024.

El Congreso de los Diputados ha aprobado en su jornada de hoy la nueva Ley General de Telecomunicaciones con el voto favorable de todos los partidos políticos, excepto del Grupo Parlamentario de Vox.

Las empresas tecnológicas no sólo deben preocuparse por la innovación, el desarrollo del 5G o el avance en la Inteligencia Artificial; es indispensable que también pongan su foco de atención en la ciberseguridad. El 31 de mayo se celebró CISOVERSO Day en Platea Madrid para adentrarse en el mundo de los CISO (Chief Information Security Officer) gracias a grandes expertos del sector.

El Consejo de Ministros ha aprobado un nueva regulación en materia de atención a la clientela que establece un periodo de tres minutos como tiempo máximo para contestar todas las llamadas de atención al cliente.